SENAME: Los niños no pueden esperar

SENAME 2Desde el Parlamento, el diputado René Saffirio ha denunciado el entramado de corrupción y negocios que se hacen en torno a los hogares. Su renuncia a la militancia de años en la Democracia Cristiana, tiene como base el convencimiento de que este partido ha lucrado con el dolor de los niños. Y entrega pruebas: “La Fundación Mi Casa, su gerenta general es Delia Del Gatto. Asumió la Gerencia General a los 30 días de haber dejado el SENAME. Los directores son Enrique Correa y Josefina Bilbao. La fundación Rodelillo, su secretario Ejecutivo es Tomás Walker, hermano de los dos senadores y hermano del diputado, con el agravante de que Patricio Walker es el presidente de la comisión de Infancia del Senado. Las subvenciones del SENAME se desvían para contratar operadores políticos” afirma.

Y va más allá, cuando critica el oportunismo de la derecha y la operación de salvataje a la ex ministra Blanco, diciendo que “algunos querían atribuir responsabilidad sólo a Javiera Blanco, y estoy de acuerdo con que lo es, pero también lo es Luis Bates, Isidro Solís, Carlos Maldonado, Felipe Bulnes, Teodoro Rivera, Patricia Pérez y José Antonio Gómez. El que menos muertes registra durante su periodo es de 80. Los fallecimientos estaban ocultos bajo la figura de egresos administrativos. 1.313 muertes. ¿Cuántas autopsias tiene el Servicio Médico Legal? 23. Sólo en 23 casos el Servicio Médico Legal hizo las autopsias de esos niños, en el resto de los casos ni siquiera se sabe de qué murieron”, denuncia.

Pero esto no es de hoy, tiene que ver con la transformación de nuestra sociedad iniciada tras el golpe de Estado. De hecho, es creado el 10 de enero de 1979 y entró en funciones el 1 de enero de 1980, pues antes no se veía el grado brutal de pobreza y abandono que obliga a crear este tipo de organismo en reemplazo del Consejo Nacional de Menores.

Con el tiempo, producto de las políticas privatizadoras del modelo neoliberal impuesto, el SENAME fue “concesionando” la atención de los niños a organizaciones creadas para recibir el subsidio del Estado. Así se fueron transformando en “stock”, como los llamó la ex ministra Blanco, en números a rendir, despegándolos de la realidad social en que vivían, dando inicio a un programa de “reinserción individual” que pocos frutos podía dar si el entorno al que volvían seguía siendo el mismo. Estos niños son hijos de la pobreza extrema, de la Educación segregadora que les impide vislumbrar un futuro distinto al de la delincuencia y el narcotráfico para salir de la miseria, de la Salud convertida en negocio de acceso real solo para algunos pocos. Esos niños y niñas no tienen oportunidad de conocer sus opciones de cuidado, se convierten en padres adolescentes o son abusados por familiares y cercanos. Tampoco crecen en un ambiente adecuado, pues sus familias viven hacinadas en “viviendas sociales” que son verdaderas cajas de fósforos, contraviniendo desde 1982 lo que fuera el Decreto con Fuerza de Ley 2 (DFL2) de 1959 para permitir la construcción de “casas” de 34 metros cuadrados.

Como podemos ver, el drama de cada uno de estos niños y niñas es tan profundo como la injusticia que vivimos cada día los trabajadores en nuestro país. La impunidad de la que gozan quienes han hecho de sus vidas un negocio, es la misma que han mantenido aquellos que violaron sistemáticamente los derechos humanos en Chile. Aunque el ministro de Justicia, Jaime Campos, diga que la situación no da para “declarar que en Chile existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los menores vulnerables”, la situación vivida por demasiados niños y niñas en hogares donde se supone que el Estado les otorga protección, da para acusar esa negligencia incluso en tribunales internacionales.

La muerte de Lissette Villa, que habría ocurrido “por pena” según la en ese minuto directora del SENAME Marcela Labraña (DC), fue la gota que rebalsó el vaso pero nada ha cambiado desde ese minuto al interior de los hogares e instituciones que, supuestamente, velan por la seguridad de los menores. Un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo cuando ya se termina su mandato, no basta. El problema es tan de fondo que requiere soluciones profundas, y es aquí donde como trabajadores no podemos quedarnos al margen, pues la transformación debe partir de la base de la sociedad.

El desafío es reconstruir un país donde la injusticia contra los menores se termine, tal como debe terminarse con el robo de las pensiones a manos de las AFP; con la Educación segregada que permite a unos pocos seguir educándose para administrar sus riquezas, mientras la mayoría solo puede optar a trabajos mal remunerados o debe actuar fuera de la ley para sobrevivir. Debemos abrir espacios para asegurar que la Salud llegue a todos, que los funcionarios podamos realizar con dignidad nuestras labores, que se termine el negociado con la vida de las personas. Los niños, tal como los trabajadores y la mayor parte de los habitantes de nuestro país, no pueden esperar.

DIRECTORIO NACIONAL

CONFENATS

Author: Confenats

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